Juan Manuel
Velázquez Yunes. . .
Para que Veracruz cuente con organizaciones de
profesionistas con alto nivel de calidad –a través de capacitación y
certificación–, es necesario actualizar la Ley del Ejercicio Profesional para
el Estado, afirmó el diputado local Juan Manuel Velázquez Yunes, al presentar
ante el Pleno del Congreso local una Iniciativa que responde a esta necesidad.
Durante
la decimocuarta sesión ordinaria, el Legislador explicó que con esta Iniciativa
busca que se regule la creación de verdaderos colegios de profesionales, se
promueva una mayor participación de los colegios en las actividades
desarrolladas por el Estado y aumenten las atribuciones y responsabilidades, al
crear la Dirección General de Profesiones y su actualización en materia de
profesiones, colegiación y certificación obligatoria.
En este contexto, el Diputado consideró que el Departamento de Profesiones debe ser elevado a Dirección, para que sea el órgano de registro, regulación y conexión de los colegios de profesionales del estado.
También
–agregó–, es necesario aumentar las atribuciones a dicho organismo, para tener
un mayor control administrativo de estas asociaciones, brindarles apoyo en las
actividades que realizan y requerir de ellas.
En
la lectura de la Iniciativa, que modifica, reforma, adiciona y deroga diversos
artículos de la Ley del Ejercicio Profesional para el Estado –turnada para su
análisis a la Comisión Permanente de Educación y Cultura–, Velázquez Yunes
afirmó que Veracruz está rezagado en cuanto a las atribuciones de los colegios.
Estas instituciones –se añade–, al ser concentradoras de especialistas en diversas áreas, cuentan con mecanismos que les permiten participar activamente y con mayor comunicación con el Gobierno estatal para el desarrollo o modificación de políticas públicas y creación de programas sociales, entre otros.
La propuesta legislativa plantea establecer nuevos requisitos para otorgar el registro como Colegio, y garantizar así la constitución de una institución de profesionistas de calidad.
Además, en las obligaciones se estipula que deberán cumplir cada año su actualización ante el Gobierno del Estado, y en caso de incumplimiento se iniciarán los trámites administrativos necesarios para retirar el registro otorgado.
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